En dos semanas se percibe ya un cambio —corroborado por las muestras de opinión— en relación al tema de las elecciones como mecanismo necesario para abordar la crisis política y la aguda polarización nacional. La designaciòn de un nuevo Consejo Nacional Electoral (el anterior presidido por Tibisay Lucena se había convertido en un obstàculo emocional sobre la transferencia del sufragio luego de las derrotas opositoras); hace quince días por el TSJ por inexcusable omisiòn de la Asamblea Nacional en casi cinco años de ejercicio, fue un primer paso para animar el ADN electoral de los venezolanos. La magistrada Indira Alfonzo fue nombrada como presidente del organismo, junto a las ya rectoras Tania D` Amelio y Gladys Gutièrrez, como vicepresidente el académico e historiador opositor Rafael Simòn Jimènez y el también profesional crìtico Josè Luis Gutièrrez, y con los respectivos suplentes escogidos con el mismo criterio.
De entrada, el estigma que pesaba sobre la neutralidad y transparencia del órgano electoral perdió fuerza, asì como los anuncios posteriormente hechos que implican flexibilización y ampliaciòn del acto comicial fijado de una vez para el 6 de diciembre el mes que finaliza el mandato quinquenal y constitucional del cuerpo. Al mismo tiempo, fueron anunciados cambios operativos importantes: la postulación de los candidatos tendrá lugar del 10 al 19 de agosto; en la elección participaràn organizaciones del sector gubernamental y de la oposición que al dìa de hoy suman 29 organizaciones nacionales, 26 organizaciones de pueblos y comunidades indìgenas, y ademàs 53 partidos regionales para un total de 89 entidades polìticas activas. Ademàs en la venidera contienda se escogerán 110 legisladores màs de los actuales diputados lo que elevarà el total de escaños a 277 parlamentarios atendiendo no a razones de incremento de población como en el pasado, sino a la ampliaciòn del escenario para el debate nacional.
PARTIDOS AL MARGEN
En las últimas elecciones de alcaldes, concejales y la reelección presidencial de 2018 los partidos del llamado “G-4” (AD, VP, PJ y UNT), no acudieron invocando condiciones fraudulentas en los eventos y porque sus nombres debían relegalizarse por no haber participado en la elección previa tal como estaba establecido y se acostumbraba de hecho desde tiempos atrás. Sin embargo, demagógicamente y en la lînea de impugnar la legalidad electoral en juego, se adujo y aùn se repite con fuerza que fueron ilegalizados en un claro y ventajista atropello antidemocrático. Recientemente el T S J en la línea de estimular el debate electoral tomò la decisión de activar estas organizaciones habilitando sus tarjetas en manos de aquellas tendencias o grupos que luchaban en su seno por rescatar los nombres y su legalidad en una legìtima y natural pugna por el control partidista Ello es lo que ocurre actualmente en AD entre las fracciones que encabezan Henry Ramos Allup y Bernabè Gutièrrez y entre corrientes opuestas en Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, mientras que Voluntad Popular parece que escogerà en cambio el camino de una curiosa clandestinidad. Un hecho que màs allà de sus resultados concretos alimentarà la sed electoral de una población como la venezolana, (que a diferencia de otras naciones vecinas) concibe la democracia y el ejercicio de la libertad como la pràctica del sufragio. Bastarìa con visitar ahora mismo las zonas populares caraqueñas o pequeñas poblaciones del interior para comprobar còmo en medio de la espantosa pandemia del covid 19 la tarjeta blanca o verde de AD y COPEI por ejemplo sirven de refugio a la esperanza, el optimisos y hasta a la alegría como en un viejo victorioso final de campeonato entre Caracas y el Magallanes.