Ya es común que la primera pagina del los periódicos colombianos registren masacres especialmente de jóvenes en varias regiones, lo que se interpreta como una nueva forma de expresión de la política que marca la historia del país vecino. En 2016 cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos, se firmaron los Tratados de Paz entre su gobierno y la guerrilla de la FARC, se daba un paso importante en procura de un clima de convivencia política que no estuviese marcado nuevamente por la guerra y en consecuencia por secuestros y matanzas entre nativos. Se trataba de un acto sin duda importante y así lo entendieron el resto de los países e instancias importantes como la ONU y El Vaticano que también celebraron la culminación de las negociaciones.
Sin embargo, sería ingenuo suponer que con ello se ponía término a una ola de violencia que responde a razones estructurales y que ha sido suficientemente investigadas y que definen la vida de la nación vecina. Pero era sin duda, un paso que ponía en claro la posibilidad de que existiese la voluntad política necesaria para la implementación de esos compromisos. A los pocos meses en un plebiscito no vinculante, la mayoría de los electores sufrago por el NO, lo cual colocaba una interrogante sobre la etapa que habría que complementar los documentos que prometían la pacificación. Cuatros años después en el gobierno de Iván Duque, militante del Centro Democrático el partido de expresidente Álvaro Uribe Vélez quien como se sabe encabezó la campaña contraria a los acuerdos y que resultara victoriosa, aunque por una mínima diferencia, en septiembre de aquel año.
A los meses se conoce los asesinatos de los llamados “líderes sociales” que ya alcanza el número de 971, sin que se reconozcan culpables de tales crímenes, mientras las victimas se consideran cercanos a los grupos armados, guerrilla y paramilitares que habrían ser beneficiados a los convenios de pacificación. En paralelo se conoce el incremento casi exponencial en el cultivo de drogas y los niveles de violencia social especialmente en las zonas rurales, al ritmo de una confrontación política que ahora se expresa con el encarcelamiento del propio presidente Álvaro Uribe sin bien por una acusación de fraude procesal, ya están en marcha nuevas investigaciones que le señalan como promotor de las llamadas autodefensas o comúnmente “paramilitares”.


CONFLICTO GEOPOLITICO

Ya es conocido también el papel que cumple Colombia como principal aliado de Estados Unidos en el escenario geopolítico que implica de manera protagónica al gobierno venezolano, desde los años de la revolución bolivariano de Hugo Chávez cuando se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas y la acusación formal por parte de Álvaro Uribe antes la OEA de la existencia de campamentos de la FARC y el ELN en el territorio nacional. Por esta vía Colombia ha fortalecido su alianza militar con EEUU que si bien se explica por el combate del narcotráfico tiene evidentemente características de fuerzas militares. En este sentido el jueves 27, el presidente Duque autorizo las actividades en el país de 48 soldados de la Brigada de Asistencia y Fuerza de Seguridad (SFABI) que había sido vetada por el Senado y la instancia judicial correspondiente. Los senadores opositores aducen que en este caso se desconoció una decisión del órgano, lo cual indica que la misión cumpliría tareas políticas y no sólo como era de esperarse de asesorar y contribuir a la lucha contra los cultivos y comercialización de la droga.
Ello se inscribe también con el discurso sostenido del presidente Iván Duque sobre la naturaleza antidemocrática del gobierno venezolano y la necesidad de que sea sustituido, lo cual explicaría la presencia en Bogotá del llamado gobierno paralelo que encabeza Juan Guaidó y que realizan actividades y la preparación de operaciones como la misión fallida “Operación Gedeón” el pasado mes de mayo. Algunos comentaristas vinculan lo ocurrido con los soldados norteamericanos como un paso más en una actividad que se cumpliría conjuntamente con el gobierno de Jair Bolsonaro de Brasil donde juntamente ahora se realiza la llamada “Operación Amazonia” con un amplio aporte de fuerzas militares en la zona de Manaos, cercana a la frontera venezolana. Ello explicaría las recientes visitas y posteriores declaraciones del jefe del Comando Sur Almirante Craig Faller y otros altos emisarios de Donald Trump a Bogotá y sus declaraciones en el sentido de estimular un cambio de gobierno en Venezuela, como requisito para la normalización de la región.


EL CORONAVIRUS

Como ha ocurrido en todos los países la explosión del Covid-19, ha creado problemas no solo económicos los cuales ya se conoce su enorme costo y consecuencias sino también en el manejos de situaciones de naturaleza política, más aún como en el caso de Colombia donde la expansión de la pandemia ha sido de una gran magnitud que llama incluso la atención internacional, y curiosamente también en el lado del otro vecino de Brasil. La magnitud de la situación ha llegado a que se plantee incluso por voceros del gobierno que se convoque a una Constituyente, que como se sabe en América Latina se utiliza como un mecanismo para solventar circunstancias extremas en el manejo del poder. Todo un cuadro que si bien no es novedoso, todo a vez que Colombia se conoce por su violencia “estructural” y en consecuencia sus derivaciones políticas, en este caso tomando en cuenta las variantes internacionales, abre pasó a las advertencias y lógicamente a la preocupación, más todavía cuando se trata de un país vecino.