Para los voceros oficialistas seguiría en marcha, aunque con alteraciones en el tiempo, la estrategia de “la salida” aplicada en el 2014 y luego en el 2017 que implica acciones de calle como “la guarimba” que suelen devenir en acciones de violencia con saldos de muertos, heridos y daños materiales, así como el plan del frustrado intento de magnicidio el 4 de agosto del año pasado atribuido en este caso a grupos armados paramilitares y disidentes de las guerrillas que operan en Colombia, sin que ellos guarden relación necesariamente con las líneas políticas de los partidos opositores. En todo caso, el “episodio Marrero” contribuye a acentuar la presión de la comunidad internacional, ya no solo para un acuerdo que luce lógico y conveniente, sino para algunos de sus factores para la salida del gobernante. En este sentido, el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, declaró que “de no ser liberado de inmediato Roberto Marrero, el Gobierno de la República de Panamá tomará medidas concretas” para hacer frente ala “violación a la libertad por parte del Régimen de facto en Caracas”.

Un día antes, Michelle Bachelet Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas adelantó un informe previo de actualización sobre la situación de Venezuela en el que destacó, entre otras cosas en materia política, asesinatos durante la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), restricciones a la libertad de expresión y prensa, colapso de los servicios públicos, criminalización de la protesta y la necesidad de encontrar una solución pacífica a la crisis. Es decir, al margen del colapso eléctrico-petrolero, el agravamiento de la hiperinflación y sus consecuencias, el escenario político cuya normalización es indispensable para tomar medidas de fondo en el orden social y económico, tiende a enrarecerse en una inevitable confrontación gobierno y oposición y ahora también como una injerencia (que no mediación) de importantes naciones y organismos internacionales.