El 6 diciembre no se realiza una consulta convencional propia de la rutina constitucional. La quinta elección parlamentaria con la vigencia de la nueva Constitución Nacional Bolivariana aprobada en 1999, tiene mayores implicaciones dado el contexto en el cual se realiza y por las exigencias de las tareas que deberá cumplir. Cuando los constituyentes de entonces dieron por clausurada la figura del Congreso Nacional con la eliminación de la Cámara del Senado concibieron un órgano de representación popular con funciones más precisas y de mayor eficacia operativa acentuando su función contralora, su carácter de escenario de la soberanía nacional, y como instrumento para atender y dar respuestas a los requerimientos ciudadanos.

Ello no ha sido así. Por el contrario la violenta confrontación política generada a partir de 2001 ha convertido un cuerpo cuyo mayor interés debería ser la atención de los problemas nacionales y las demandas ciudadanas, en un refugio de sectarismo partidista y un vehículo para la defensa de intereses y estrategias de grupos alejados de la población votante que los eligió. De esta manera ocurrió durante los periodos en los cuales la AN estuvo en manos del oficialismo y en los últimos años bajo control opositor. Es natural por esta vía que la institución haya perdido confianza y ganado un merecido descredito nacional que en buena medida se refleja en el desgano a la hora de consignar el voto.


LA CONFIANZA

La principal tarea de la Asamblea Nacional que surja de las votaciones del 6 de diciembre es entonces rescatar la confianza y el respeto de los electores. Cuando se consigna un sufragio de hecho se coloca en el candidato escogido la seguridad que cumplirá con su ofrecimiento de campaña y el mandato que le asigna la constitución. Por supuesto, con el debido respeto por la lealtad que debe a su militancia partidista siempre que esté en sintonía con el interés nacional. De allí que la principal tarea de la nueva asamblea nacional será rescatar su función como depositaria de la voluntad popular y no convertirse en pieza de un largo y ya costoso “choque de poderes” que impide la atención necesaria a la problemática que afecta a la población. Solo de esta manera se cumplirá con la responsabilidad que impone el mandato popular. ¿Estarán los futuros diputados conscientes de la enorme responsabilidad que ahora les encarga el electorado? ese y no otro es el nuevo reto legislativo.