El 7 de febrero se reunió en Montevideo el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, promovido inicialmente por los gobiernos de Uruguay y México con la presencia posterior de la Unión Europea y otros países del continente para analizar y convenir en respuestas para enfrentar lo que podría llamarse el clima prebélico venezolano.

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa y la representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini dieron a conocer las conclusiones de la reunión: elecciones "en el menor tiempo posible" para "restaurar la democracia plena" y una "misión técnica" y apoyo a una urgente ayuda humanitaria. La declaración no fue suscrita por Bolivia, México, y los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, argumentó que su país, "por mandato constitucional", no apoya "la injerencia política en otros países; sino que acompañamos lo que tiene que ver con que haya comunicación y diálogo entre las partes en busca de una salida pacífica y democrática que excluya el uso de la fuerza, pero no podemos participar en algo que implique que nosotros determinemos el proceso político electoral", sostuvo el diplomático.

Planteamientos similares fueron presentados por la representación de Bolivia y los países de la Caricom que insisten en la utilización del diálogo para encontrar salida a un cuadro de ingobernabilidad que cada día se torna más difícil e impredecible. El presidente Maduro que apostaba inicialmente a una nueva propuesta de diálogo rectificó su decisión de no convocar a elecciones en los términos solicitados por los organismos internacionales; voceros de la Casa Blanca ratificaron su posición en el sentido de exigir la salida de Maduro y el gobierno colombiano adoptó medidas concretas de suspensión y otorgamiento de visas ya no solo a funcionarios sino incluso a simpatizantes del oficialismo y anunció un conjunto de medidas para asegurar la distribución de la asistencia financiera enviada desde Estados Unidos y otros países hacia Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaidó, declaró que también se niega a participar en cualquier gestión conciliatoria con el régimen y exigió la salida de Maduro y apoyó una intervención con fines humanitarios en declaraciones al diario El País, en Montevideo, mientras avanza en su recorrido en la construcción de un gobierno paralelo que considera legítimo, situación que en la medida que pasan los días pronostica un enfrentamiento con los poderes reales en manos de Maduro y que no tendría otro camino que el de la confrontación abierta y la violencia. Un escenario que de darse, como lo ha demostrado la historia, podría tener un resultado inmediato en uno u otro sentido pero que dadas las circunstancias y las características del llamado “Caso Venezuela” habrían de significar una etapa de inevitable desgracia para la sociedad venezolana. En otras palabras todo está servido para la intervención extranjera no importan las razones que se invoquen para ella, pero que tendrá las mismas repercusiones que ha tenido en otras naciones.