La crisis política y militar que culminó con el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional de Rómulo Gallegos el 24 de noviembre de 1948, estuvo precedida de una serie de conflictos y acontecimientos que permitían predecir su desenlace. La convergencia de frágiles y contradictorios intereses que fraguó la alianza militar entre Acción Democrática y la Unión Patriótica Militar, logia castrense conspirativa que urdió el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, se haría insostenible más temprano que tarde. La denominada “Junta Revolucionaria de Gobierno”, que bajo la presidencia del líder y fundador de AD, Rómulo Betancourt, sustituyó al gobierno del general Isaías Medina Angarita, comienza su gestión sin oposición política visible. El PDV, movimiento que respaldaba al depuesto presidente, prácticamente se extingue. El movimiento socialcristiano que desde 1936 encabeza el joven Rafael Caldera, suma su apoyo al nuevo proceso octubrista y pasa a desempeñarse como procurador general de la República. Los comunistas, aliados incondicionales del derrocado mandatario, se transfiguran en respaldantes de la nueva gestión, a pesar de la animadversión que por ellos siente Rómulo Betancourt. No existe por tanto oposición organizada o visible a la nueva situación, y ello, junto al control absoluto del aparato burocrático del Estado, generara en AD una tendencia a la hegemonía, el predominio, el sectarismo, el atropello y la exclusión de todos quienes no comulguen con las medidas o el pensamiento de la nueva administración.

En las Fuerzas Armadas la situación se presenta similar. Una de las primeras medidas tomadas por la Junta de Gobierno es pasar a retiro a todos los oficiales que tuvieran grado superior al de mayor, con lo cual purgaban al Ejército de todos los generales, coroneles y comandantes que pervivían desde los tiempos de Juan Vicente Gómez, e incluso los militares de academia que habían sido leales a los gobiernos de Eleazar López Contreras y Medina Angarita, lo que implicaba un profundo relevo en la estructura y mandos militares, y quitaba toda posibilidad de reacción organizada a los dolientes de los regímenes anteriores. Durante el denominado “Trienio adeco”, las cosas comienzan a cambiar progresivamente, cuando una serie de decisiones gubernamentales alientan y estimulan la organización y el activismo de sectores inicialmente pasivos. La creación del denominado Tribunal de Responsabilidad Administrativa, instancia de excepción creada para juzgar a los funcionarios de las gestiones anteriores, y el Decreto 321 que creaba discriminaciones en las evaluaciones entre los planteles de la educación pública y privada, serán emblemáticas a la hora de generar reacciones contra el nuevo gobierno de AD. La Iglesia, los sectores económicos, los padres y representantes con hijos en los planteles regentados por órdenes religiosas, los propios estudiantes, y una oposición política que poco a poco se reagrupa, encabezados por el recién fundado partido COPEI que luego de una breve pasantía por posiciones de gobierno decide romper con la Junta Revolucionaria cuando turbas adecas sabotean un mitin de Rafael Caldera en San Cristóbal.

El malestar civil se contagia a las Fuerza Armadas y una tras otras se organizan y frustran sucesivos alzamientos militares, algunos de los cuales hacen tambalear al gobierno. Desde el exterior el General Eleazar López Contreras se convierte en centro de distintas intentonas por invadir Venezuela o estimular pronunciamientos internos. AD fortalecida por el control absoluto del gobierno trata de solventar la situación apelando a su demostrado predominio electoral, que primero le permite ganar holgadamente las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y luego aprobada la nueva carta fundamental revalidar su mayoría con una contundente victoria de su candidato presidencial Rómulo Gallegos y en ambas cámaras del nuevo Congreso Nacional.

Cuando Rómulo Gallegos toma posesión de su cargo en febrero de 1948, la situación política comienza a descomponerse. Las denuncias sobre ventajismo, abusos, atropellos y pretensión de mando indefinido se multiplican en relación al partido de gobierno. El nuevo mandatario se presenta como el “Presidente de la concordia”, pero su mensaje no logra aliviar los odios y las confrontaciones que se han implantado en el medio civil y militar, por lo que la crisis de estabilidad y gobernabilidad se irá incrementando, cuando las Fuerza Armadas pretendan ejercer tutela, e imponer medidas al jefe del Estado, quien demostrara un coraje y una dignidad civil a toda prueba.

Adentrado el mes de noviembre y a pesar de los reiterados desmentidos del gobierno y de AD, trasciende a la opinión pública la presentación por parte del alto mando militar de un ultimátum al Presidente, entre cuyas peticiones figuraría la expulsión del país de Rómulo Betancourt, la destitución del inspector general de las Fuerzas Armadas teniente coronel Mario Ricardo Vargas, la remoción del jefe de la guarnición militar de Maracay, el cambio del Gabinete Ejecutivo incorporando una importante representación de independientes, y el desarme de las supuestas milicias armadas que AD tendría con militantes suyos. El jefe del Ejecutivo rechaza las peticiones militares, pero cada día se hace más inestable y frágil la posición de su gobierno, frente a la inminencia de un golpe castrense. El diario El Gráfico, órgano del partido COPEI que por esos días encabeza una oposición cerril e intransigente a la gestión de Gallegos, se atreve a insertar una caricatura calzada con la firma de “Raman”, donde un mango que cuelga de una frágil y quebradiza rama aparece con la mención: “Acción Democrática: un mango maduro”. El caricaturista del diario copeyano fue premonitorio pues solo días después de la manera más incruenta e intrascendente AD era echada del poder por sus socios militares de tres años antes. El partido que había proclamado gobernar por 100 años era derrocado sin pena ni gloria, y sin disparar un solo tiro.