La delimitación de la frontera terrestre entre Colombia y Venezuela se constituyó en un largo y tortuoso asunto que consumió los esfuerzos de la diplomacia binacional por más de 100 años, y cuyos resultados fueron evidentemente lesivos a los intereses venezolanos. Decretada la disolución de la Gran Colombia, la Nueva Granada y Venezuela acuerdan designar una comisión de ambos países para el finiquito de los temas pendientes, principalmente el reparto de la deuda externa adquirida durante la vigencia de la unión y la delimitación de la frontera entre ambas Repúblicas.

Lino de Pombo por Colombia y Santos Michelena por Venezuela, fungirán como comisionados, y dedicarán sus mejores esfuerzos a la búsqueda de una solución realista y justa. Ambos apelando al criterio del iusi posidetti juri, en este caso los límites establecidos por el imperio español en sus colonias, buscaron una fórmula de arreglo conocida como el "tratado Pombo-Michelena", que en el caso más controvertido de la península de la Goajira, se dividía mediante una línea media que asignaba partes iguales a ambas naciones y que significaba un éxito para Venezuela.

Inexplicable e irresponsablemente, al someterse a consideración del Congreso venezolano la ratificación del acuerdo, este se diluye en deliberaciones que al final rechazan lo logrado, dando inicio a un prolongado e interrumpido proceso de negociaciones bilaterales, donde nunca más podrá Venezuela alcanzar la porción territorial asignada en el tratado gestionado por Michelena. Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo satisfactorio a ambas partes, Antonio Leocadio Guzmán actuando como representante de Venezuela y Justo Arosemena por Colombia acuerdan el 14 de septiembre de 1881, someter la controversia a un arbitraje internacional.

Ambas naciones escogen como árbitro al Rey de España, quien debería resolver como juez de derecho los puntos de diferencias en los límites, emitiendo un fallo que tendría carácter definitivo e inapelable en relación al territorio de los dos estados. El 16 de marzo de 1891 se emite el dictamen definitivo sobre el tema sometido al arbitraje, que desmejora la posición venezolana por debajo de lo que Colombia estaba dispuesta a aceptar en el tratado Michelena-Pombo. El pronunciamiento presenta dificultades para su implementación en el terreno y las comisiones bilaterales delimitadoras se encuentran con dificultades insalvables que dan lugar a incidentes entre ambos países, por lo que es necesario de nuevo acudir a un tercero que interprete el contenido del laudo de 1891, para lo cual se firma en Bogotá el 3 de Noviembre de 1916 un nuevo convenio, designando esta vez al Presidente de la Confederación Helvética, como árbitro para fijar el deslinde y amojonamiento conforme los términos del denominado laudo español.

El nuevo fallo emitido el 24 de marzo de 1922, incrementa las pérdidas territoriales de Venezuela, y ordena a las partes entrar en posesión definitiva de los territorios asignados, designando una comisión de expertos que se encargarán de fijar in situ los linderos, la cual se encuentra con múltiples dificultades para identificar las referencias a las que hace mención el fallo español, por lo que de nuevo el asunto se detiene y las tensiones y controversias entre ambas Repúblicas se reeditan sin solución inmediata posible.

En este estado de la ya larga controversia, se produce la firma por el Presidente de la República, Eleazar López contreras, de dos instrumentos jurídicos tendientes al finiquito de las fronteras terrestres entre ambas naciones, a saber: el tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial, suscrito en Bogotá el 17 de diciembre de 1939, y más tarde el 5 de julio de 1941, el tratado de demarcación de fronteras y navegación de los ríos comunes, que venía a dar materialización a las dos sentencias arbitrales en las que Venezuela había resultado perdidosa.

El comúnmente denominado "Tratado de límites" debía ser sometido a la consideración del Congreso Nacional para su aprobación, lo que dio lugar a largos y polémicos debates, donde un grupo importante de parlamentarios dejó oír sus voces disidentes y salvaron sus votos en relación a su texto considerándolo una traición a los intereses de Venezuela.

Rafael Caldera, Pedro José Lara Peña, Germán Suárez Flamerich y Andrés Eloy Blanco, entre otros, dejaron constancia de su posición adversa al instrumento que representaba la aceptación de unos fallos que degradaban al territorio venezolano. En su discurso, Andrés Eloy Blanco señaló: "…conocemos muy bien la historia de nuestro negro destino. Conocemos la historia que nos atribuyó: Venezuela es un cuartel, Colombia una universidad, Ecuador un convento, pero lo cierto es ciudadanos diputados que esta tierra levantisca, tierra de hombres retrecheros, esta tierra que nació en los cuarteles y se creó en los vivaques, durante una centuria, ha perdido una quinta parte de su territorio sin disparar un tiro".

Por su parte, el general López Contreras, que en lo sucesivo tuvo que cargar con el cuestionamiento a este polémico acto, trascendental sin duda para los intereses nacionales, se defendió señalando: "...La razón y la equidad, hubieron de imponerse ante la intolerancia de aquellos que aducían argumentos jurídicos acaso validos en un pasado más lejano, pero impertinentes después que fuimos al arbitraje y aceptamos voluntariamente la decisión del laudo español. También se impuso esa solución, al criterio de aquellas personas que sostenían que el valor solo basta para el triunfo y el éxito".