El 9 de Enero de 1953 se constituye sin presencia de los partidos que habían logrado el mayor número de representantes: URD y COPEI, la Asamblea Constituyente a todas luces fraudulenta y espuria, que comienza sus deliberaciones ratificando a Pérez Jiménez como mandatario provisional e iniciando sus labores destinadas a redactar y sancionar una nueva Carta Magna que sustituyera a la de 1946, suspendida desde el 24 de noviembre de 1948 cuando los altos jefes militares depusieron por la fuerza al presidente legítimo y constitucional Rómulo Gallegos.

La Constituyente prefabricada mediante la triquiñuela electoral, culmina sus labores promulgando el nuevo texto constitucional y sin convocar nuevas elecciones para Presidente ni cuerpos deliberantes declara que Pérez Jiménez ejercerá la Primera Magistratura por un plazo de cinco años. Sin embargo el artículo 104 de la Carta Fundamental mantiene la previsión de que transcurrido ese lapso el nuevo mandatario debe ser escogido por voto universal, directo y secreto.

A comienzos de 1957 empiezan en el gobierno y en la hasta entonces dispersa y golpeada oposición al régimen las conjeturas sobre la decisión que adoptará el dictador para tratar de prolongar su mandato; se habla de una reforma constitucional para volver a una elección de segundo grado por el Congreso como en los tiempos anteriores a 1946; se especula que Pérez Jiménez puede buscar un candidato de su círculo de allegados para que continúe su labor al frente del Ejecutivo y hasta se menciona la posibilidad de una transición como la gestada en Perú por el general Manuel Odria que traspasó el mando a los civiles. El gobierno deliberadamente retrasa el anuncio de su decisión para generar mayores expectativas y especulaciones.

Finalmente y temeroso de volver a exponerse a un nuevo fiasco electoral como el del 30 de noviembre de 1952, Pérez Jiménez se decanta por una fórmula no solo abiertamente violatoria de su propia Constitución, sino exótica y ajena a las practicas electorales: el plebiscito, cuyo ejercicio involucraba formular al universo de los electores una pregunta sobre la conveniencia de su permanencia en el poder por cinco años más, a la cual deberían responder sí o no.

La fórmula se fragua en Miraflores, el Consultor Jurídico de la Presidencia Rafael Pinzón y el ministro de Relaciones Interiores Laureano Vallenilla Planchart se encargan de darle forma jurídica al adefesio electoral que finalmente es presentada al Congreso Nacional para su aprobación. El texto es escueto y su falta de detalles deja entrever las dimensiones del fraude. Las disposiciones de la Ley Electoral prevén un evento sin registro electoral ni campaña proselitista, a los electores se le entregarán dos tarjetas, una en señal de aprobación y la otra para expresar el no; de imponerse el “sí,” Pérez Jiménez será ratificado por cinco años más en la Presidencia de la República y junto a él, la lista de senadores y diputados al Congreso, miembros de las asambleas legislativas y de los consejos municipales, pero la maniobra es tan descarada y burda que nada se contempla si la votación resulta favorable al “no”.

Finalmente y en medio del repudio generalizado el 15 de diciembre de 1957 se realiza el plebiscito. La Junta Patriótica, que ha logrado agrupar y compactar los esfuerzos de la oposición clandestina al régimen lanza la consigna de abstenerse frente a lo grotesco de la elección. El día electoral los centros a pesar de las presiones, el chantaje y el terror oficial, muestran escasa concurrencia. Héctor Parra Márquez presidente del Consejo Nacional Electoral anuncia que los datos del escrutinio se comenzarán a dar a partir de las 7 de la noche.

Sin embargo, como para hacer más burda la maniobra electoral, desde su despacho ubicado en el ala norte del Palacio Federal Legislativo, el ministro de Relaciones Interiores el inefable Laureano Vallenilla, los adelanta y sin que se haya escrutado la primera urna anuncia que han concurrido al proceso un total de 3.266.000 electores y que de estos 2.182.000 votan a favor de la reelección de Pérez Jiménez, e incluso se atreve a discriminar los resultados por entidades federales. 

La burla que representó para la voluntad popular el plebiscito con el que la dictadura militar pretendió prorrogar su permanencia en el poder le sería cobrada por el pueblo solo un mes y unos días después, cuando el 23 de Enero de 1958 el pueblo venezolano y los militares democráticos se encargaron de poner fin a una vergonzosa tiranía.