Es conocido por sus investigaciones en el campo económico y por haber desempeñado importantes responsabilidades públicas y su permanente presencia en los medios de comunicación. Estas son sus respuestas a las preguntas de Eneltapete.com:

1. En tu libro La Ruta Es Electoral, analizas el cuadro político nacional, caracterizado por una severa conflictividad, ¿Piensas que como resultado del diálogo en México y de la Megaelección del 21 de noviembre pueda abrirse espacio hacia la convivencia democrática?

Convivencia democrática es coexistencia, cohabitación y pacto entre adversarios políticos. Esas son palabras malditas para los sectores extremistas del gobierno y la oposición que perturban el diálogo político y la negociación. “No volverán”, “con delincuentes no se negocia, “con ellos ni a la esquina”, suelen decir el uno del otro.
Ha habido muchos intentos fallidos de negociación. El escepticismo es grande. Juan Guaidó propuso a Nicolás Maduro un Acuerdo de Salvación Nacional que era mejor negociar desde una posición de fuerza y no de debilidad. Si lo hubiese planteado en los primeros meses de 2019, cuando recibió un explícito respaldo internacional y disfrutaba de gran nivel de popularidad, seguramente habría forzado a Maduro a compartir el poder en torno a una agenda de interés nacional. Pero apostó a endurecer las sanciones y profundizar la crisis con la expectativa de provocar un estallido popular que sacara a Maduro del poder. Lo único a negociar era cuándo y cómo se llevaría a cabo la salida de Maduro del Palacio de Miraflores. Fue una apuesta al todo o nada, al ganador se lo lleva todo, que condujo a desperdiciar la posición de fuerza que logró Guaidó cuando fue reconocido por 50 gobiernos.
Mientras las élites políticas apuestan a exterminarse, el país se cae a pedazos, la población se empobrece cada vez más y migrar pareciera ser la única opción. Sin resultados concretos en los procesos de negociación no hay esperanza, fuerza ni fe. La gente está decepcionada de los políticos, no tienen credibilidad. Recientes encuestas de Datanálisis, Delphos y Datincorp revelan el enorme rechazo a los partidos políticos y sus dirigentes. Y es que mientras se muestren más interesados en mejorar las condiciones políticas para poder ganar cargos públicos y se olviden de mejorar las condiciones sociales de la gente, el divorcio entre las necesidades de los electores y las aspiraciones de los candidatos será cada vez mayor.
Para abrir un espacio hacia la convivencia democrática que tenga un impacto positivo en las condiciones de vida de la gente, de las negociaciones en México debería surgir un Gobierno de Coalición cuya misión sería llevar a cabo las reformas económicas necesarias para superar los problemas de desempleo, escasez e hiperinflación; reinstitucionalizar los poderes públicos; y, desarmar a los colectivos. Solo después tendría sentido convocar las elecciones presidenciales para que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar.
En vez de apostar al endurecimiento de las sanciones para obligar a adelantar la elección presidencial, la mediación internacional puede contribuir al logro de una solución política y pacífica a la crisis venezolana si hace una oferta creíble al oficialismo y oposición de sustituir sanciones por incentivos económicos, a cambio de abrir espacios para la convivencia democrática y conformar un Gobierno de Coalición.



2. Has insistido que en el país avanza una "nueva economía" de facto con una presencia mayor del sector privado y de inversionistas no tradicionales, ¿Hasta dónde este fenómeno anuncia nuevas bases de la economía nacional?

El efecto combinado del colapso de la renta petrolera, endurecimiento de las sanciones e impacto económico del Covid han obligado al gobierno a activar válvulas de escape para aliviar la presión económica y social.
El gobierno ni Pdvsa tienen recursos financieros para levantar la producción de petróleo y gas. Tampoco puede reactivar las refinerías. Necesita de la inversión privada nacional y extranjera para reactivar estos sectores cuya buena marcha es imprescindible para el buen funcionamiento del resto de la economía. Sin capacidad financiera para sostener el modelo nacionalista y estatista, se ha puesto en marcha un proceso de apertura comercial, desregulación, liberalización, privatización, dolarización y apertura a la inversión extranjera.
En el abandono del modelo nacionalista y estatista ha jugado un papel muy importante la presión de los inversionistas extranjeros que están dispuestos a correr los riesgos de hacer negocios en un país sancionado, pero en un contexto de apertura comercial y liberalización económica. Por la presión de los capitales extranjeros que oxigenan al gobierno de Maduro, estas nuevas tendencias en la economía venezolana pudieran consolidarse y llegar a ser irreversibles.
Son cambios económicos que mejoran el ambiente para el emprendimiento y la iniciativa privada. Quien no los perciba debido a los costos reputacionales que no quiere pagar, se quedará al margen de las nuevas oportunidades de negocio e inversión que empiezan a aparecer en Venezuela. Y es que para compensar la escasez derivada de la reducción en un 80 % del tamaño del PIB, el gobierno ha abierto el mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel que compiten ventajosamente con la producción nacional. Ha exonerado una amplia gama de códigos arancelarios del pago de impuestos de importación que, en condiciones de apreciación del tipo de cambio, hace mucho más lucrativo importar que producir.


3. Hay dos temas recurrentes: el efecto de las sanciones de Estados Unidos y la conveniencia de dolarizar de una vez la economía venezolana. ¿Qué opinas de ello?

Las sanciones económicas recaen sobre las empresas del sector público, pero corporaciones trasnacionales con intereses en territorio estadounidense tampoco pueden hacer negocios con empresas del gobierno. Estas se quedan sin proveedores de repuestos, servicios especializados, ni equipos, cuestión que agrava el colapso de los servicios públicos.
Debido a los bajos salarios, el sector público no cuenta con la capacidad técnica ni logística para mantener operativas las empresas en su poder, ni asegurar los servicios de agua potable, gas doméstico, electricidad, telecomunicaciones y vialidad. Para evitar el colapso en estos sectores, el gobierno se plantea privatizar la gestión de estos al amparo de la Ley Antibloqueo que permite este tipo de acuerdos en el más absoluto secretismo.
La dolarización transaccional ha sido forzada por la hiperinflación que disolvió el poder de compra de los billetes y obligó a sustituirlos por la divisa estadounidense. El billete de más alta denominación era de Bs. 1.000.000 y no alcanza para comprar un dólar cuyo precio superó el umbral de los 4.000.000 Bs/$. Con la nueva reconversión le quitaron seis ceros a la moneda, pero todavía no se ven los billetes. Para no trancar el mercado interno por falta de medios de pago, el Ejecutivo ha permitido el uso de divisas en las transacciones locales, práctica que antes era perseguida y penalizada. La dolarización transaccional presiona la dolarización de los servicios financieros para que este creciente circulante en divisas se pueda canalizar hacia el financiamiento de la producción y el consumo.
Mientras el ingreso petrolero se mantenga bajo y las sanciones no se levanten, los procesos de apertura y liberalización económica se profundizarán. Solo una recuperación de la extracción de petróleo en torno a los 3 millones de barriles diarios y precios por encima de 80 $/b le devolverían al gobierno su capacidad financiera para controlar y estatizar la economía, y ese escenario en el corto y mediano plazo está totalmente descartado.
Es la cruda realidad es la que ha forzado al gobierno a ser pragmático y a abandonar ideologías y dogmas. Aflojar los controles es la clave para su sobrevivencia. Así lo ha entendido el régimen cuyo pragmatismo apunta a preservar su modelo político de dominación hegemónica. Si no respira la economía, el poder político se asfixia.