El reciente Decreto de Nicolás Maduro (llámese indulto o medida de gracia es anecdótico) que favorece a decenas de opositores presos o exiliados es en todo caso un gesto siempre significativo. Si bien es cierto que se trata de una práctica ya común en vísperas de elecciones para gobiernos dictatoriales (incluso de las tiranías más brutales) simplemente autoritarios, e incluso de gobiernos democráticos enfrentados a conspiraciones y acciones subversivas de organizaciones también democráticas, (como la violencia venezolana de los años sesenta) su aplicación siempre es bienvenida, más aún cuando ha sido y es un reclamo justo y sostenido.

Desde 2002 el país enfrenta un escenario de confrontación en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con protestas, acciones de calle, intentos de sublevación militar y actos terroristas que configuran un escenario único en Americana Latina. En este caso no se trata solamente de la violencia social hija de las desigualdades de clases que se expresa de modo recurrente en países como Bolivia, Ecuador, Colombia y últimamente Chile; ni el enfrentamiento clásico de guerrilla y Ejército que define parte de la historia de Colombia, como moda exportada por el fidelismo y que rebotó por algún tiempo en las montañas latinoamericanas.

El “caso Venezuela” tiene en cambio explicaciones que se derivan de una transición de modelos (democracia representativa a democracia protagónica y directa) ocurrida en 1998 con la victoria electoral de Hugo Chávez y de modo no traumática como suele ocurrir, lo que habría de generar un enfrentamiento claramente social en un comienzo (2002-2005) y luego con el protagonismo de organizaciones que aún no habían consolidado su implantación real en la sociedad. De esta manera la lucha se ha planteado en los últimos años entre el liderazgo de figuras mediáticas , en su mayoría productos de la “videocracia” frente a un régimen que asumió un curioso planteamiento de naturaleza socialista-castristas, en una lucha de escasa consistencia política pero que devino en llamados como las “guarimbas”, las exhortaciones voluntaristas “a la calle” o el estímulo a milagrosas deserciones militares sin vinculación real con el estamento castrenses., todo ello con un inevitable balance de muertes, heridos y cuantiosos daños materiales. Un situación que ahora facilita la presencia de otros poderosos países en el conflicto que más que el tema estrictamente político o ideológico apuestan a consolidar influencia y seguramente el control directo o indirecto del poder en un país estratégico en la nueva confrontación geopolítica y además depositario de extraordinarias y comprobadas riquezas.

EL decreto de Maduro (ya Chávez había promulgado uno similar en 2007 luego de ser reelecto) busca bajar tensiones de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre que para su gobierno tienen importancia no sólo para obtener la mayoría en la nueva Asamblea Nacional sino porque ello significaría además el control total de los poderes públicos. La oposición, con los pies en la tierra y ánimo autocrítico, debería aprovechar el hecho para sumar esfuerzos y mantener bajo su influencia un escenario que en los últimos años le servido de estimulo para sus combates y además el apoyo de la comunidad internacional.