Carol Pires

Sérgio Moro se había convertido en el símbolo definitivo de la justicia brasileña. Fue el juez que dirigió la operación Lava Jato, la investigación judicial que reveló una red de corrupción sistémica entre empresarios y políticos. La investigación ha condenado a 159 personas y tuvo repercusiones en casi toda la región: seis expresidentes latinoamericanos han sido condenados por casos de corrupción, entre ellos el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La operación Lava Jato rompió un pacto de silencio entre políticos corruptos y corruptores y aceleró un proceso de renovación política en Brasil. La velocidad y destreza de la investigación —además de los 3000 millones de dólares recuperados— convenció a buena parte de los brasileños de que iniciaba una nueva era de rendición de cuentas y que los tiempos de impunidad habían terminado. Ese cambio en la percepción ciudadana es quizás el gran legado de Lava Jato. Y hoy está en riesgo.

El domingo, el portal de noticias The Intercept Brasil, comenzó a publicar una serie de reportajes que incluyen conversaciones de Moro en Telegram. Los extractos publicados sugieren que el juez pudo haber interferido ilegalmente en el caso Lava Jato: aconseja a los fiscales del caso —ignora el código penal, que garantiza la exención del juez— anima a los procuradores a proceder con las acusaciones contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aunque uno de ellos, Deltan Dallagnol, duda de la solidez de las pruebas y hasta planea con los procuradores la manera de evitar que el exmandatario sea entrevistado por la prensa.

Esas conversaciones han logrado un cambio súbito en la historia: el héroe de la cruzada anticorrupción en Brasil se ha convertido en el señalado por cometer actos ilegales y también pone en duda la imparcialidad del caso de corrupción más importante en la historia brasileña. Paradójicamente, él será la prueba de que, en verdad, la era de impunidad terminó en el país.

En una democracia plena, Moro debería renunciar a su actual cargo de ministro de Justicia o por lo menos apartarse hasta que se concluya una investigación sobre su actuación como juez. Solo así podría salvar el legado de Lava Jato. Pero todo parece indicar que la democracia brasileña está enferma y que Moro no piensa hacerse a un lado. De hecho, ha declarado que en el contenido de las conversaciones no ve “ninguna anormalidad”. Si hay una convicción en el nuevo gobierno de Brasil es que la corrupción es el mal mayor de la política, pero solo cuando es de otros.

Que Moro haya ampliado los límites de la ley para avanzar con su investigación no es novedad. Pero hasta ahora sus excesos habían sido perdonados en nombre del combate a la corrupción. Como líder de la operación que inició en 2014 decretó numerosas prisiones preventivas, autorizó la dudosa conducción coercitiva de Lula da Silva, hizo públicas delaciones antes de que pudieran ser comprobadas y divulgó conversaciones privadas con la justificación de que eran de interés era público. Con esos recursos, él y la operación Lava Jato pudieron arrestar a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país. El caso más ejemplar ha sido en la ciudad de Río de Janeiro, donde todos los exgobernadores vivos han sido arrestados.

Sus decisiones como juez cambiaron el rumbo del país, pero también han dejado un sendero de fallos cuestionables. Una de sus decisiones más polémicas fue en 2016: la entonces presidenta Dilma Rousseff enfrentaba un proceso de destitución cuando Moro hizo pública una conversación telefónica entre Rousseff y Lula da Silva para evitar su nombramiento como ministro, lo que le daría inmunidad. En ese momento, el juez dijo que dio a conocer la conversación porque “los ciudadanos tenían el derecho de saber […]. En una democracia liberal como la nuestra, es obligatorio que esa información sea pública”. Dos años después, durante la campaña electoral presidencial, Sérgio Moro condenó al expresidente a nueve años de prisión y, así, lo invalidó como candidato a la presidencia. Al sacar de la contienda al aspirante al que favorecían las encuestas, se pavimentó el camino a la victoria de Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro su ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Antes de aceptar ser funcionario en el gobierno de Bolsonaro, Moro debió recordar cómo terminó la operación Manos Limpias (Mani Pulite), la investigación de corrupción que sacudió a Italia en los años noventa e inspiró a Moro para su Lava Jato. El promotor del caso italiano, Antonio di Pietro, fue el héroe del momento y muy pronto ascendió en la escalera política: dejó su cargo en la magistratura para ser ministro del gobierno de Italia, fue electo senador y hasta fundó su propio partido. Pero como político no consiguió combatir la corrupción como lo hizo como fiscal. Años después se reveló que dirigentes de su partido recibieron sobornos y su investigación quedó desprestigiada.

Desde que aceptó ser parte del gobierno, la credibilidad de Moro no ha dejado de debilitarse. Para Bolsonaro, anunciarlo como su ministro de Justicia y Seguridad Pública —para cuidar de las dos grandes preocupaciones de sus electores: corrupción e inseguridad— fue como ganar un trofeo antes de disputar el torneo. Y para Moro, aceptarlo fue una apuesta equivocada: no solo no tiene el oído del presidente (ignoró sus sugerencias para la ley de armas y no lo apoyó para aprobar sus proyectos en el congreso), sino que se ha desacreditado justificando algunas actitudes injustificables de Bolsonaro.

Ya desde los primeros días del nuevo gobierno, Moro mostró que su faceta política no sería tan asertiva como su actividad como juez: no dijo nada sobre una investigación de corrupción en contra de Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente. El héroe anticorrupción tampoco habló cuando se reveló que el partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal (PSL), lanzó candidaturas fantasma para desviar fondos electorales, pese a que como juez había dicho que el desvío de fondos electorales era un crimen grave.

En un intento de apoyar a Moro después de meses de derrotas seguidas, Bolsonaro anunció que lo nombrará ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) cuando el próximo ministro se retire, lo que debe suceder en 2020. Se trata de una decisión contraproducente que mancilla aún más la imagen del juez y de su legado: parece evidenciar que aceptó ser un ministro-trofeo por interés personal, no por interés público.

Aún no está claro cómo The Intercept consiguió las conversaciones que publicó, pero la revelación de que al parecer Moro quebrantó el código penal para acorralar a quien él debería juzgar con imparcialidad —lo que será usado para pedir la nulidad de muchos de sus juicios, incluido el de Lula da Silva, cuyo caso será discutido por el Supremo Tribunal Federal en los próximos días—, el héroe anticorrupción puede volverse el peor enemigo de su cruzada antiimpunidad.

Si quiere salvar algo de Lava Jato, Moro debe someterse a las investigaciones como las que él inició y renunciar al cargo o al menos separarse de él hasta que el embrollo se esclarezca.